La situación de los presos de ETA ha cambiado sustancialmente desde que Fernando Grande-Marlaska relevó a Juan Ignacio Zoido, del PP, al frente del Ministerio del Interior. En estos dos años y cuatro meses, el ministro del Gobierno socialista y anteriormente magistrado de la Audiencia Nacional, ha emprendido una política constante y regular de acercamiento de reclusos de la organización terrorista a prisiones del País Vasco o próximas a esta comunidad. El cese definitivo de la violencia decretado por la banda en octubre de 2011, tras una serie de golpes policiales que fueron descabezando su cúpula; y su disolución, escenificada y certificada en mayo de 2018, han permitido al Ejecutivo flexibilizar la política de dispersión, que buscaba romper la cohesión del colectivo de presos y alejar a los encarcelados de la disciplina de la organización.

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