El debate jurídico en torno al confinamiento de Lleida y otros siete municipios del Sagrià reproduce las posiciones típicas que suelen darse cuando confrontan la política (líquida, ágil y pragmática) con el derecho (flemático, formal y garantista). En este caso, el literal de la Constitución y las leyes es claro: la Generalitat de Cataluña no tiene competencias para limitar la libertad de circulación por la vía del decreto ley. Sin embargo, algunos juristas creen que dado lo grave de la situación sanitaria, cabe admitir una interpretación flexible de las normas. Las fórmulas planteadas para imponer un confinamiento estricto ofrecen difícil encaje legal.

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