El general Francisco Veguillas, asesinado dos años después por ETA, se lo advirtió sin tapujos: “Se la está jugando, ministro”. El entonces titular de Defensa, Julián García Vargas, ya lo sabía. Era, según sus palabras, “una apuesta de alto riesgo”. Corría el otoño de 1992, en plena resaca de los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla, y el Gobierno socialista decidió embarcarse en la guerra de los Balcanes. Hasta entonces, el Ejército había enviado observadores, casi siempre desarmados, a verificar acuerdos de paz en África o Centroamérica, y un contingente de ayuda humanitaria al Kurdistán iraquí. Pero ahora, Naciones Unidas pedía una unidad militar fuertemente armada, dispuesta a interponerse entre los contendientes en Bosnia-Herzegovina, la mayor carnicería sobre suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

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