La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha del 8-M—, ha enviado este lunes un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte que ha dado “orden expresa” a la Policía Judicial de la Guardia Civil de guardar “rigurosa reserva” sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones. En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez también destaca que la ley prevé que la “infracción de dicho deber” se castigue disciplinariamente, “sin perjuicio de otras responsabilidades”. “Que pudieran ser penales”, apostilla el escrito, donde Rodríguez-Medel subraya que, de incumplirse, el juzgado que encabeza podría abrir la “correspondiente investigación”.

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