Uno de los objetivos del estado de alarma, más allá de frenar el virus y el colapso de las UCI, era ganar tiempo. Tiempo para comprar equipos, respiradores, pruebas, mascarillas, para reorganizar la industria y ser capaces de producir materiales nacionales, para reforzar las plantillas de sanitarios y profesionales de la salud pública que se encargaran de localizar cada contacto cercano de un caso, aislarlo, hacerle pruebas y frenar así la cadena de contagio. Porque, por mucho que se llegara a controlar, el virus seguiría ahí y había que estar preparados para nuevas olas hasta la llegada de una vacuna. Pero en este tiempo no se hicieron los deberes, al menos en salud pública: España tiene menos de la mitad de los rastreadores de casos de los que precisa, según datos recabados por este periódico de las propias comunidades autónomas y los cálculos de las recomendaciones internacionales.

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