Dimisión de responsabilidades

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By prensa

January 30, 2022

La complejidad del sistema competencial en España exige una vigilancia reforzada que impida posibles fallos de coordinación y complementariedad. Esa ley general debería ser redoblada de todas las maneras posibles cuando las medidas van destinadas al auxilio urgente de la población más expuesta a la exclusión social. Han fallado esta vez los sistemas de protección para combatir los efectos devastadores de la pandemia sobre la pobreza y la pobreza extrema. Múltiples estudios se han afanado en denunciarlo con estimaciones que apuntan a un sustancial incremento de personas en esa situación límite, con especial virulencia entre jóvenes, mujeres y los trabajadores más precarizados. El informe Foessa presentado el 18 de enero identificaba a más de 600.000 hogares en España sin ningún tipo de ingresos. Contra esa situación, el Gobierno promovió el ingreso mínimo vital (IMV) como instrumento destinado a paliar los daños en los primeros momentos de la crisis de la pandemia, pero su accidentada puesta en marcha y la complejidad de sus procedimientos derivó en un despliegue exageradamente lento: no llegó a su objetivo de beneficiar a 800.000 personas hasta un año después de su lanzamiento, en septiembre de 2021.

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